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María Cristina Caja Moya, Mariano Mesa Laforet
El artículo analiza el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado para frenar el impacto de la guerra de Irán en los alquileres y derogado por el Congreso poco más de un mes después, y se pregunta si este episodio es coherente con la Constitución. Sostiene, primero, que concurría la «extraordinaria y urgente necesidad» del art. 86.1 CE para usar el decreto-ley, aunque critica que sus efectos casi bianuales desbordan la idea de medida provisional. En segundo lugar, denuncia que la derogación sin régimen transitorio ha generado inseguridad jurídica y ha quebrado la confianza legítima de los arrendatarios que actuaron amparados en la norma. Defiende que las restricciones temporales a la renta y las prórrogas se encajan en la función social de la propiedad (art. 33 CE) y en la protección de la vivienda, pero evidencia la debilidad práctica del art. 47 CE, que no ofrece un escudo efectivo frente a cambios políticos bruscos. El trabajo concluye proponiendo reformas: clarificar la protección de las situaciones intermedias en los decretos-leyes, reforzar constitucionalmente el derecho a la vivienda y crear mecanismos legales automáticos de estabilización del mercado del alquiler para evitar vaivenes normativos
