Los nuevos rumbos doctrinales han puesto de manifiesto las exigencias de una nueva Administración, y una transformación de los procesos de selección de los empleados públicos, que deben adaptarse a nuevos perfiles profesionales, y nuevas técnicas de selección competitiva. Pero la cuestión es que si las actuales Administraciones Públicas tienen las capacidades y competencias necesarias para liderar el cambio de las nuevas exigencias, o estas han sido incapaces en muchos casos de actuar de manera profesional en el actual marco constitucional del empleo público.