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Armando Osorno Sánchez
El Caso Legacy Vulcan LLC vs. México (CIADI n.º ARB/19/1) constituye un ejemplo paradigmático de cómo los mecanismos internacionales de protección a la inversión pueden entrar en conflicto con la soberanía estatal en materia de protección ambiental. El objetivo de la investigación es analizar la tensión entre la protección de la inversión extranjera y la defensa del medio ambiente en el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) la hipótesis plantea que mientras más amplias y sólidas sean las cláusulas de protección al inversionista, menor será la capacidad del Estado para diseñar y aplicar políticas ambientales estrictas, lo que incrementa el riesgo de degradación ecológica, para ello se siguió una metodología cualitativa y documental. Se empleó el método histórico para contextualizar la evolución de la protección a la inversión, el método deductivo para examinar el impacto en la autonomía regulatoria y el método comparativo para contrastar prácticas de arbitraje, los resultados muestran que; a) las cláusulas de trato justo y equitativo han limitado la adopción de medidas ambientales más rigurosas, b) el Estado ha ajustado o suspendido iniciativas regulatorias ante el temor de reclamos y c) el arbitraje condiciona la soberanía regulatoria, requiriendo un replanteamiento de los tratados para equilibrar desarrollo económico y sustentabilidad, adicionalmente, se incorporó un análisis de impacto económico para evaluar los costos asociados al cumplimiento del laudo.
