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La entrada en vigor de Solvencia II en enero de 2016 supuso un cambio estructural en la regulación del sector asegurador europeo. El nuevo marco se concibió para reforzar la protección del tomador, mejorar la estabilidad financiera y fomentar la integración del mercado interior, todo ello sobre una base de medición del riesgo más realista y alineada con principios económicos. En estos casi diez años, el balance de su implantación ha sido, en general, favorable. El régimen ha contribuido a reforzar la resiliencia del sector, a elevar la calidad de la gobernanza interna y a homogeneizar los estándares de supervisión en la UE. La aplicación de principios de valoración de balance a mercado y la exigencia de capital ajustado al riesgo han supuesto una mejora respecto al anterior régimen Solvencia I, mucho más estático y apoyado en coeficientes fijos.
