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La transformación tecnológica y organizativa de la Administración de Justicia plantea desafíos relevantes además de riesgos evidentes. La fe pública judicial constituye una garantía esencial del proceso, en cuanto asegura su autenticidad, integridad y control. Su debilitamiento, ya sea por desmaterialización, por insuficiencia tecnológica o por su desplazamiento en los nuevos modelos de investigación, compromete la calidad garantista del sistema procesal en su conjunto y, de manera especialmente intensa, la del proceso penal, que es, por su propia naturaleza, el que debe estar rodeado del mayor nivel de garantías
