Acceso usuarios
Oscar Andrés Pazo Pineda
La aprobación de la Ley 32153 ha generado que, en nuestro medio, vuelva a la discusión el estatus jurídico de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la reciente modificación normativa, los jueces nacionales solo pueden considerar, a efectos de interpretar los derechos contenidos en la Constitución, los fallos de este tribunal internacional en aquellos casos en los que el Estado peruano ha sido parte.
En este artículo, se desarrollarán las razones por las cuales se estima que esta ley, en este punto en particular, resulta inconstitucional, ya que no solo se afecta la facultad de las autoridades jurisdiccionales de seleccionar el material normativo que van a considerar para analizar una controversia, sino que también se afecta la tendencia internacionalista que caracteriza a la Carta de 1993. En ese sentido, se considera que los tribunales domésticos, en virtud del principio del efecto útil (effet utile), pueden considerar, en la interpretación del derecho doméstico, todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de si se trata de una sentencia expedida en contra del Estado peruano o no.
The approval of Law 32153 has brought the legal status of rulings by the Inter-American Court of Human Rights back into the spotlight in our country. According to the recent regulatory amendment, national judges may only consider, for the purposes of interpreting the rights contained in the Constitution, the rulings of this international court in cases in which the Peruvian State has been a party. This article will explain the reasons why this law is considered unconstitutional, since it not only affects the jurisdictional authorities’ ability to select the normative material they will consider in analyzing a dispute, but also undermines the internationalist bias of the 1993 Charter. In this sense, it is considered that domestic courts, by virtue of the principle of useful effect (effet utile), may consider all decisions of the Inter-American Court of Human Rights in interpreting domestic law, regardless of whether the judgment is issued against the Peruvian State or not.
