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Este artículo aborda las tensiones constitucionales presentes en el proceso especial de dictado de medidas de protección regulado por la Ley 30364, particularmente en relación con garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Se sostiene que dichas garantías no se vulneran, sino que deben ser interpretadas de manera contextualizada, considerando el carácter urgente y preventivo de este procedimiento.
El análisis resalta la naturaleza sui generis del ámbito de protección, su coherencia con estándares internacionales de derechos humanos de carácter vinculante– en especial la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará– que destaca el estándar de debida diligencia reforzada para garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia de género.
Se argumenta que el principio de proporcionalidad con un enfoque de género permite conciliar la necesidad de una tutela inmediata y eficaz con la preservación de los derechos fundamentales de la persona denunciada, sin desnaturalizar la función protectora del proceso.
Se argumenta que el principio de proporcionalidad con un enfoque de género permite conciliar la necesidad de una tutela inmediata y eficaz con la preservación de los derechos fundamentales de la persona denunciada, sin desnaturalizar la función protectora del proceso.
Se propone aplicar un test de proporcionalidad reforzado en el análisis de constitucionalidad de las medidas de protección. Este test incorpora herramientas interpretativas como el principio in dubio pro víctima y el estándar de debida diligencia propio de los casos de violencia contra las mujeres, preservando siempre el núcleo esencial de las garantías procesales. Bajo este marco, el proceso especial se configura como un mecanismo constitucionalmente legítimo y necesario para enfrentar la violencia de género, en concordancia con los principios constitucionales internos y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
This article addresses the constitutional tensions inherent in the special procedure for issuing protection measures under Law 30364, particularly in relation to fundamental guarantees such as due process, the presumption of innocence, and the right to defense. It asserts that these guarantees are not violated but must be interpreted contextually, in light of the procedure’s urgent and preventive character.The analysis highlights the sui generis and urgent nature of the protective stage, its alignment with binding international human rights standards –most notably Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Belém do Pará Convention– and the centrality of the reinforced due diligence standard in ensuring effective protection for victims of gender-based violence.It is argued that the principle of proportionality, when applied through a gender-sensitive lens, reconciles the imperative of immediate and effective victim protection with the preservation of the respondent’s fundamental rights, without eroding the protective function of the process.The article advances the proposal of applying a reinforced proportionality test to the constitutional review of protection measures. This test incorporates interpretative tools such as the in dubio pro victimprinciple and the due diligence standard specific to cases of violence against women, while safeguarding the essential core of procedural guarantees. Through this framework, the special procedure emerges as a constitutionally sound and necessary mechanism to address gender-based violence in accordance with both domestic constitutional principles and international human rights obligations
