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En los últimos años, diferentes colectivos de personal investigador contratado mediante financiación externa han procedido a reclamar a sus universidades y centros de investigación públicos de acogida poder beneficiarse de las correspondientes revalorizaciones salariales previstas en las correspondientes leyes presupuestarias, en los mismos términos que el resto de personal. Ante la persistente negativa de estas instituciones a reconocer este derecho, han acudido a los tribunales laborales. La sentencia del Tribunal Supremo de 19.1.2026, objeto de este estudio, resuelve una de estas reclamaciones, en particular, la planteada por un amplio colectivo de personal investigador contratado mediante financiación externa que desarrolla su actividad investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela.
