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La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, promulgada en España y publicada en el Boletín Oficial del Estado en un contexto de saturación judicial crónica, presión social por una justicia más ágil y eficiente, y una creciente necesidad de adaptar el sistema a las demandas de una sociedad moderna, introduce un cambio estructural, radical y profundamente transformador en el ámbito del proceso civil al establecer los Medios Adecuados de Solución de Controversias (en adelante, MASC) como un requisito de procedibilidad obligatorio para la inmensa mayoría de los litigios civiles y mercantiles, marcando un alejamiento progresivo, deliberado y estratégicamente diseñado del modelo conflictivo tradicional —arraigado en siglos de práctica litigiosa— hacia un enfoque innovador que prioriza la resolución extrajudicial como un paso previo, ineludible y condicionante al acceso a los tribunales.
