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España se enfrenta a un procedimiento de infracción ante la UE por vulneración de la normativa comunitaria. A través del Real Decreto 1312/2024 se ha adaptado de manera incorrecta al ordenamiento interno el Reglamento UE 2024/1028 que afecta a las viviendas turísticas y arrendamientos de corta estancia al imponerse un doble registro expresamente prohibido por la norma europea. La inactividad del Gobierno de España a la advertencia enviada por la Comisión Europea en el mes de enero de 2026 abre un escenario diverso en el plano interno, que analizamos en el presente artículo.
