La sentencia analiza cuáles son los requisitos necesarios para que sea aplicable la doctrina sobre prohibición del enriquecimiento injusto en un supuesto en el que se realizan obras que no estaban previstas en el contrato sin que se realice la correspondiente modificación. Además, se discute si el abono correspondiente a dichas obras debe incluir no solo los costes ocasionados, sino también los conceptos de gastos generales y beneficio industrial.