Zaragoza, España
El presente estudio analiza el régimen jurídico del derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento administrativo español, con especial atención a sus singularidades en el ámbito urbanístico. Partiendo de la distinción entre el acceso ejercido por quienes ostentan la condición de interesados en un procedimiento administrativo y aquel promovido por los ciudadanos en general, se examina la articulación normativa entre la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la luz de la disposición adicional primera de esta última. El trabajo profundiza en la doble variable —subjetiva y temporal— determinante del régimen aplicable. En este contexto, se estudia la acción pública urbanística como institución de legitimación extraordinaria que confiere a cualquier ciudadano la condición de interesado, permitiendo un acceso reforzado incluso a expedientes en tramitación. A partir de la doctrina científica y de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, se concluye que la acción pública urbanística no constituye un régimen específico excluyente de la Ley de Transparencia, sino un mecanismo que amplía la legitimación.