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Este trabajo analiza el crucial acuerdo adoptado por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en noviembre de 2025; el cual zanja una prolongada incertidumbre en los tribunales. La cuestión central era determinar qué juez está legitimado para decretar medidas cautelares una vez se interpone un recurso de casación. La respuesta; ahora oficial y clara; señala que es el tribunal de instancia —aquel que ya conoció del fondo del asunto— el único competente para adoptar estas medidas de urgencia; y no la propia Sala de Casación. Examinamos aquí los motivos de esta decisión; sus implicaciones prácticas en los distintos escenarios que se presentan tras una sentencia y cómo refuerza la seguridad jurídica de ciudadanos y administraciones.
The non-jurisdictional Plenary of the Third Chamber of the Supreme Court; in a landmark agreement dated November 26; 2025; has resolved a long-standing procedural uncertainty in administrative litigation: determining which court is competent to rule on interim measures once an appeal on points of law (recurso de casación) has been filed. The agreement unequivocally attributes this competence to the lower court that originally heard the case; and not to the Supreme Court itself. This analysis delves into the rationale behind this decision; exploring its practical consequences for both scenarios where the lower court’s judgment annulled or confirmed the contested administrative act. The agreement is shown to consolidate legal certainty and streamline the process for granting urgent judicial protection.
