La Ley del juego distingue entre los liberalizados, sobre los que puede haber intervención autonómica, y los reservados de ámbito estatal, como las loterías de la ONCE, que tienen un régimen específico, afectando la reserva tanto a la actividad del juego en sí como a sus distintas formas de comercialización, incluidos los terminales instalados en los establecimientos de hostelería.