Las nuevas recomendaciones de la OSCE/OIDDH buscan erradicar una mala praxis judicial que consiste en juzgar y penalizar, de modo desproporcionado, los insultos y maltratos entre personas individuales como si fueran delitos de «discurso de odio», dando lugar a una jurisprudencia errónea que, como advierte en su Guía práctica, «pone en tela de juicio la legalidad e imparcialidad de los procesamientos, lo que repercute en la confianza en el sistema de justicia penal en su conjunto».