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Este artículo analiza el conflicto entre la identidad cultural de los pueblos indígenas y la racionalidad normativa estatal en el tratamiento de la ley indígena, desde una perspectiva filosófico-jurídica crítica. Se justifica por la necesidad de visibilizar las tensiones que enfrenta el pluralismo jurídico en contextos donde el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural no se traduce en mecanismos efectivos de equidad normativa. La metodología adoptada fue documental-bibliográfica, con un enfoque cualitativo de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales. Los resultados evidencian que, aunque el derecho indígena está formalmente reconocido en el marco constitucional ecuatoriano y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su ejercicio práctico está limitado por estructuras jurídicas estatales que lo subordinan. Se concluye que, sin mecanismos de coordinación normativa basados en la interculturalidad y el respeto mutuo, el pluralismo jurídico seguirá siendo una promesa inconclusa. Se recomienda desarrollar una ley de coordinación interjurisdiccional que respete la autonomía normativa indígena y fortalezca un modelo de justicia verdaderamente plural.
