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Juan Romero Pi
La jurisprudencia constitucional sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario se aplica con frecuencia de forma fragmentaria y, en la práctica, deja sin un criterio suficientemente operativo una cuestión central: ¿cuándo una norma estatal constituye una “afectación material” del REF y, por tanto, obliga a activar el informe previo del Parlamento de Canarias previsto en la DA 3.ª CE y desarrollado en los arts. 166 y 167 del Estatuto de Autonomía de 2018? Partiendo de ese marco normativo y del cuerpo jurisprudencial “nuclear” del Tribunal Constitucional, el trabajo sistematiza el REF en torno a un núcleo tributario-financiero jurídicamente controlable y propone una prueba de afectación material basada en dos parámetros (materialidad e intensidad) que permite distinguir entre modificaciones, medidas de efecto equivalente y meras incidencias periféricas. Ese estándar se traslada a instrumentos de aplicación práctica —Comprobación, tipología de medidas y protocolo mínimo de trazabilidad— orientados a mejorar la técnica normativa, la coordinación institucional y la estrategia contenciosa, reduciendo el riesgo de omisión del trámite y la litigiosidad asociada.
