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La transformación de las relaciones de trabajo derivada de la economía digital y, en particular, la expansión del trabajo a través de plataformas digitales ha puesto en evidencia importantes tensiones entre estos nuevos modelos organizativos y los marcos tradicionalmente binarios del derecho del trabajo. La intermediación digital, la gestión algorítmica de la prestación y la calificación recurrente de los prestadores como trabajadores por cuenta propia han favorecido la consolidación de esquemas productivos que operan en los márgenes de la norma laboral, generando déficits significativos en materia de trabajo decente. En este contexto, la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo orientada a la adopción de un convenio y recomendación sobre el trabajo en plataformas digitales adquiere una relevancia singular como posible respuesta normativa de alcance internacional. El presente artículo analiza los proyectos a partir del examen de sus implicaciones para la calificación jurídica de la relación contractual y la garantía del trabajo decente. Asimismo, se identifican las fortalezas, límites y vacíos que el instrumento presenta, poniendo de relieve los desafíos que persisten para una tutela laboral y social efectiva.
The transformation of work resulting from the digital economy, and in particular the expansion of work through digital platforms, has exposed significant tensions between these new organizational models and the traditionally binary frameworks of labor law. Digital intermediation, algorithmic management of service provision, and the recurrent classification of service providers as self-employed workers have contributed to the consolidation of production schemes that operate on the margins of labor regulations, generating significant deficits in terms of decent work. In this context, the International Labor Organization's initiative to adopt a convention and recommendation on work on digital platforms takes on particular relevance as a possible international legal response. This article analyzes the draft by examining its implications for the legal classification of the contractual relationship and the guarantee of decent work. It also identifies the strengths, limitations, and gaps in the proposed instrument, highlighting the challenges that remain for effective labor and social protection.
