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México
El articulo analiza el papel de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el sistema de justicia penal mexicano, a raíz de la reforma constitucional de 2008 y la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en 20/4. A. través de un enfoque jurídico-práctico, se estudian las principales salidas alternas al juicio oral—como el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y la justicia restaurativa— destacando su importancia en la descongestión judicial y su contribución al acceso efectivo y rápido a la justicia.
Se expone el marco constitucional que da fundamento a estas figuras, especialmente el artículo 17 de la Constitución, y se argume sobre la necesidad de ampliar el reconocimiento forma! de figuras como el procedimiento abreviado previsto en el articulo 201 del CNPP y la justicia restaurativa como verdaderas salidas alternas. También se analista la implementación del CNPP en las entidades federativas, con especial atención al caso de Nuevo León, como ejemplo de transición hacia el nuevo modelo penal acusatorio.
This article analyses the role of alternative dispute resolution mechanisms within the Mexican criminal justice system, following the 2008 constitutional reform and the enactment of the National Code of Criminal Procedure (CNPP) in 2014. Through a legal and practical approach, it examines key alternatives to trial—such as restorative agreements, conditional suspension of proceedings, abbreviated procedures, and restorative justice—emphasising their importance in alleviating court congestion and enhancing effective and expedited access to justice.
The study discusses the constitutional framework underlying these mechanisms, particularly Article 17 of the Mexican Constitution, and argues for the broader recognition of certain figures—such as the abbreviated procedure and restorative justice—as legitimate alternative solutions. It also addresses the implementation of the CNPP across Mexico's federal entities, focusing on the case of Nuevo Leon as an example of successful transition to the adversarial criminal justice model.
