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Evelyn Pérez Robles
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha introducido importantes reformas con una clara finalidad de dotar de mayor agilidad a este trámite procesal. Los operadores jurídicos nos preguntamos si la reciente reforma realmente va a agilizar el trámite de subasta. ¿Qué parte va a ser la beneficiada con la reforma? ¿Se subsanarán los problemas existentes en la actualidad? El objeto del presente trabajo es realizar un análisis práctico de los problemas que nos encontramos en la actualidad, siendo el punto de partida el momento de la celebración de la subasta judicial y desde el prisma de la parte ejecutante, con los cambios que supondrá en la práctica diaria la reforma de la LO 1/2025, de 2 de enero, tanto respecto a los importes de adjudicación como respecto a la modificación de los trámites para poder pujar.
Organic Law 1/2025, of January 2nd, on measures relating to the efficiency of the Public Justice Service, has introduced significant reforms with the clear aim of streamlining this procedural process. Legal practitioners are wondering whether the recent reform will actually speed up the auction process. Who will benefit from the reform? Will the current problems be resolved? The purpose of this paper is to conduct a practical analysis of the problems we currently face, starting from the moment the judicial auction is held and from the perspective of the executing party, with the changes that the reform of Organic Law 1/2025 of January 2 will entail in daily practice, both in terms of the amounts awarded and the changes to the bidding procedures.
