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María Fernanda Vidal Pérez
Las modificaciones operadas por los RRDDLL 5 y 6/2023 y por la LO 1/2025, se nos presentan como la expectativa de eficiencia en un doble sentido, de un lado, en cuanto a la nueva organización judicial y, de otro, en cuanto a las modificaciones procesales en cada jurisdicción, con especial relevancia en la civil, por ser normas de aplicación supletoria.
La realidad parece que apunte a la siempre necesaria mayor dotación de recursos, pero también al difícil encaje de la “administrativización” del proceso jurisdiccional, paralelo al sacrificio de la oralidad de la prueba y de la contradicción especialmente en el juicio verbal, que pasa a ser el más frecuente pero el menos verbal; la implementación de los MASC que junto a un deficiente régimen transitorio va a exigir un mayor esfuerzo a todos los operadores jurídicos y, por supuesto, a la abogacía.
Todas estas cuestiones las vamos a encontrar desde el inicio mismo de un proceso “tecnológico”, en el que el derecho de defensa y las garantías procesales han de permanecer intangibles, y en el que nos vamos a detener en el análisis de ese inicio del proceso civil en cuanto a las alegaciones de las partes y proposición de prueba y las diferentes posibles situaciones que podemos encontrar.
The amendments introduced by Royal Decree-Laws 5 and 6/2023 and by Organic Law 1/2025 are expected to enhance efficiency in two ways: first, through the new organization of the judiciary; and second, through procedural modifications across the different jurisdictions, with particular relevance in civil proceedings, given their supplementary application.
In practice, these points not only point to the ever-necessary increase in resources, but also to the difficult fit of the “administrativization” of judicial proceedings, parallel to the sacrifice of the oral nature of evidence and of adversarial debate, especially in the summary oral trial (“juicio verbal”), which is becoming the most frequent but paradoxically the least oral. The implementation of ADR mechanisms (MASC), together with a deficient transitional regime, will demand greater efforts from all legal operators and, of course, from the legal profession.
These challenges will already appear at the very outset of a “technological” process, where the right of defense and procedural guarantees must remain untouched. This study focuses on analyzing the initial stage of civil proceedings, particularly regarding the pleadings of the parties, the proposal of evidence, and the various situations that may arise.
