Al Defensor del Pueblo le corresponde la supervisión de la actividad de la Administración pública para la defensa de, entre otros, los denominados 'derechos sociales'. El presente trabajo pretende llamar la atención acerca de la importancia de afianzar y reforzar esta institución para afrontar los retos que plantea la efectividad de los derechos sociales en el marco de la ciudadanía digital.