Acceso usuarios
Diana Marcos Francisco 
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, introdujo, entre otras medidas de eficiencia en procesos civiles sobre condiciones generales de la contratación, la del procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias, pensadas para reducir la litigación en masa (en especial los procedimientos sobre nulidad por abusividad de condiciones generales de la contratación) y la carga de trabajo de los tribunales así como para conseguir una homogeneidad en las respuestas judiciales ante casos sustancialmente idénticos. Sin embargo, transcurridos casi dos años desde su entrada en vigor, dichas figuras apenas están siendo utilizadas en la jurisdicción civil, y lo serán mucho menos si se aprueba en sus términos el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Así las cosas, el presente trabajo tiene por objeto analizar los escollos que actualmente pueden estar impidiendo el uso y justificando la ineficacia de dichas medidas, u obstaculizarlo en el futuro.
Sólo si identificamos tales obstáculos será posible proponer medidas de lege ferenda para combatirlos -como hacemos en este trabajo- y así poder lograr instituciones realmente eficaces y eficientes, siempre dentro del marco del Derecho de la Unión Europea y la Constitución Española.
