Acceso usuarios
La conservación de los datos personales constituye una actividad esencial en la era digital, pero también plantea desafíos jurídicos significativos cuando el responsable del tratamiento —particularmente si es una entidad privada— se extingue. Este artículo analiza el desafío normativo existente en el ordenamiento español y europeo respecto a quién debe asumir la obligación de conservar los datos personales tras la disolución del responsable del tratamiento, cuál es el régimen de responsabilidad y cómo se protege el derecho fundamental a la protección de datos personales por parte de los titulares de dichos datos. A través de un recorrido histórico de la legislación aplicable (desde el Convenio 108 hasta el RGPD y la LOPDGDD) el autor demuestra la dispersión normativa y la falta de una respuesta unificada ante este supuesto. Se propone una solución innovadora para el caso español: la creación de un registro público gestionado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que actúe como custodio de los datos personales de entidades extinguidas. Esta medida otorgaría seguridad jurídica tanto a los responsables de conservar (y bloquear) los datos personales, como a los titulares de los datos.
The retention of personal data constitutes an essential activity in the digital era, yet it also presents significant legal challenges when the data controller—particularly if it is a private entity—ceases to exist. This article examines the regulatory challenge present in Spanish and European law concerning who should assume the obligation to retain personal data after the dissolution of the data controller, what the liability regime entails, and how the fundamental right to personal data protection is safeguarded for data subjects. Through a historical review of the relevant legislation (from Convention 108 to GDPR and LOPDGDD), the author demonstrates the normative fragmentation and the absence of a unified response to this situation. An innovative solution is proposed for the Spanish context: the creation of a public registry managed by the Spanish Data Protection Agency (AEPD), which would act as custodian of personal data belonging to dissolved entities. This measure would provide legal certainty both for those responsible for retaining (and blocking) personal data and for the data subjects themselves.
