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En esta ocasión, la Sentencia seleccionada resuelve el recurso contencioso-administrativo número 238/2023, interpuesto por Mercantil, contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado legislador y subsidiaria indemnización a título de expropiación forzosa por los daños y perjuicios causados por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, compareciendo como parte recurrida la Administración General del Estado.
En esencia, la recurrente plantea reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador (que fue desestimada por silencio administrativo) en la medida en que, a la entrada en vigor de la citada Ley, era titular de cinco permisos de investigación de hidrocarburos que, conforme a la legislación sobre la materia, conferían el derecho a obtener, en exclusiva, la concesión de explotación de los recursos descubiertos. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley, así como la disposición transitoria segunda, implicaban la imposibilidad de otorgar nuevas concesiones de explotación, provocando, a juicio de la recurrente, que los permisos de investigación perdieran su finalidad y sentido, y provocando una pérdida tanto del valor de mercado de los permisos de investigación como de los costes incurridos haciendo uso de ellos (F.J.1).
El Tribunal Supremo rechaza toda la argumentación de la parte actora, considerando, de un lado, los fines y objetivos de descarbonización de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el sentido de imponer determinados sacrificios de carácter general orientados a permitir la aludida transición energética, lo que dificulta la concurrencia de la responsabilidad patrimonial planteada; y, de otro, estima, tras el correspondiente análisis de los presupuestos de la responsabilidad del Estado legislador, que no se dan en el caso concreto (F.J. 5 y ss).
