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María Pascual Núñez
El Decreto 5/2026, de 17 de marzo, modifica el Decreto 127/2019 sobre la declaración de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y el programa de actuación en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Este decreto se inserta en el marco jurídico previsto por la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, transpuesta al derecho español mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, posteriormente derogado y actualizado por el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Esta última norma refuerza el sistema de identificación de aguas afectadas, designación de zonas vulnerables y elaboración de programas de actuación por las comunidades autónomas, en un marco de seguimiento e información de carácter cuatrienal.
Asimismo, las comunidades autónomas quedan obligadas a elaborar programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación. En el caso riojano, tras la tramitación ambiental iniciada el 23 de enero de 2025, y sin haberse formulado observaciones, se mantiene la delimitación previa en parte del territorio, se amplía la superficie de varias zonas ya declaradas y se incorporan nuevas zonas vulnerables.
En este sentido, el decreto introduce una nueva redacción del artículo 2, ampliando a catorce las zonas vulnerables de La Rioja, identificadas por referencia a masas de agua subterránea y superficial, así como a zonas situadas fuera de masas de agua. Su delimitación territorial se publica en la Infraestructura de Datos Espaciales de La Rioja y en el SIGPAC.
Se modifican, igualmente, el anejo 1, relativo al mapa de zonas vulnerables, y el subapartado 1.1 del anejo 2, estableciendo restricciones y técnicas específicas para la aplicación de fertilizantes en terrenos con pendientes superiores al 10 % y al 20 %, con especial atención a la lucha contra la erosión y al empleo de fertilizantes orgánicos.
Por último, las parcelas de nueva inclusión en zonas vulnerables quedarán sujetas a las obligaciones y controles inherentes a dicha declaración a partir del 1 de octubre de 2026.
