El Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019, provocó la mayor conmoción normativa de la historia de la Unión Europea. Desde entonces, las preocupaciones relacionadas con la competitividad, las represalias comerciales, los costes de cumplimiento y la dependencia geopolítica han obligado a la Unión a cambiar de rumbo. Con su «Brújula para la Competitividad» como guía, la Comisión Europea ha adoptado en menos de un año diez «paquetes de medidas generales». En sus propuestas, la Comisión se decanta por la reducción de los trámites administrativos con el fin de reforzar la competitividad de varios sectores económicos. Sin embargo, este ejercicio de simplificación encubre una verdadera estrategia de desregulación. Las nuevas exigencias en materia climática y medioambiental perseguidas en el marco del Pacto Verde Europeo se han convertido así en el chivo expiatorio del ejecutivo comunitario.
The European Green Deal, presented in December 2019, caused the biggest regulatory shockwave in the history of the European Union. Since then, concerns about competitiveness, trade retaliation, compliance costs, and geopolitical dependence have forced the Union to change course. With its “Competitiveness Compass” as a guide, the European Commission has adopted ten “comprehensive packages of measures” in less than a year. Among its proposals, the Commission favors reducing administrative burdens in order to strengthen the competitiveness of various economic sectors. However, this simplification exercise masks a genuine deregulation strategy. The new climate and environmental requirements pursued under the European Green Deal have thus become the scapegoat for the EU executive.