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El presente trabajo examina la viabilidad de implementar la figura legal de zonas protegidas de aguas subterráneas como instrumento de gestión ambiental frente a los desafíos del cambio global. Las aguas subterráneas, que constituyen alrededor del 98% del agua dulce disponible en el planeta, son esenciales para el abastecimiento humano, la producción y el sostenimiento de los ecosistemas. Sin embargo, el incremento de su explotación, la contaminación y la falta de gobernanza adecuada las posicionan entre los recursos más vulnerables ante el cambio climático y las presiones antrópicas.
A partir de una revisión normativa y comparada, se identificaron los marcos legales e institucionales de la Unión Europea, España, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. En el ámbito europeo, la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y la legislación española incorporan la figura de las zonas de protección especial de masas de agua subterránea y las reservas naturales subterráneas, que integran la protección de los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas (EDAS). Estas herramientas se orientan a prevenir la contaminación, gestionar la sobreexplotación y garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos asociados. En contraste, en Argentina no existe una figura legal específica de este tipo a nivel nacional. Si bien la Ley Nacional N° 25688 de Gestión Ambiental de Aguas prevé la creación de áreas de protección especial, su falta de reglamentación impide su operatividad. La Constitución Nacional (art. 124) y el Código Civil y Comercial reconocen el dominio público provincial de las aguas subterráneas y establecen limitaciones al uso privado en función del interés colectivo y la protección ambiental. A su vez, se analizan tres casos provinciales de Argentina (Santa Fe, Mendoza y La Pampa), quienes avanzaron en la adopción de instrumentos de protección de sus acuíferos, orientados a garantizar el aprovechamiento sustentable del agua subterránea.
El estudio identifica los principales desafíos para su implementación en Argentina: la ausencia de información hidrogeológica integrada, la falta de capacidades técnicas e institucionales, la inexistencia de un ordenamiento territorial efectivo y los potenciales conflictos sociales por restricciones al uso del recurso.
En conclusión, la incorporación de zonas protegidas de aguas subterráneas aparece como una herramienta estratégica para la gestión sustentable del agua y la conservación de los ecosistemas asociados. Su desarrollo requiere la reglamentación de la Ley 25688, la coordinación interjurisdiccional, la generación de información científica y la participación social. La experiencia europea, particularmente la española, ofrece un modelo valioso para adaptar esta figura en Argentina.
This paper examines the feasibility of implementing the legal framework of protected groundwater areas as an environmental management tool in the face of the challenges of global change. Groundwater, which constitutes approximately 98% of the planet’s available freshwater, is essential for human consumption, production, and the maintenance of ecosystems. However, increased exploitation, pollution, and a lack of adequate governance place it among the most vulnerable resources to climate change and anthropogenic pressures.
Through a regulatory and comparative review, the legal and institutional frameworks of the European Union, Spain, the United Kingdom, the United States, and Argentina were identified. At the European level, the Water Framework Directive (2000/60/EC) and Spanish legislation incorporate the concept of special protection zones for groundwater bodies and underground nature reserves, which integrate the protection of groundwater-dependent ecosystems (GDEs). These tools are geared towards preventing pollution, managing overexploitation, and ensuring the maintenance of associated ecosystem services. In contrast, Argentina lacks a specific legal framework of this type at the national level. While Law 25,688 on Environmental Water Management provides for the creation of special protection areas, its lack of implementing regulations hinders its operational effectiveness. The National Constitution (Art. 124) and the Civil and Commercial Code recognize provincial public ownership of groundwater and establish limitations on private use based on the collective interest and environmental protection. In turn, three provincial cases in Argentina (Santa Fe, Mendoza and La Pampa) are analyzed, which have made progress in adopting instruments to protect their aquifers, aimed at ensuring the sustainable use of groundwater.
The study identifies key challenges for its implementation in Argentina: the absence of integrated hydrogeological information, the lack of technical and institutional capacity, the absence of effective land-use planning, and potential social conflicts arising from restrictions on resource use.
In conclusion, the incorporation of protected groundwater zones appears as a strategic tool for the sustainable management of water and the conservation of associated ecosystems. Its development requires the regulation of Law 25.688, interjurisdictional coordination, the generation of scientific information, and public participation. European experience, particularly that of Spain, offers a valuable model for adapting this framework in Argentina.
