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Rafael Linares Membrilla
El fenómeno del greenwashing se ha convertido en uno de los principales desafíos regulatorios en el ámbito del Derecho ambiental y del Derecho de consumo, especialmente por su incidencia en la salud pública, la competencia empresarial y los derechos humanos. La aprobación de la Directiva (UE) 2024/825 supone un cambio de paradigma en la regulación de las alegaciones ambientales al imponer un sistema reforzado de verificación, trazabilidad y prueba, que altera sustancialmente el modelo probatorio tradicional aplicable a la publicidad ecológica. Este trabajo analiza en profundidad el nuevo régimen jurídico derivado de la Directiva, sus implicaciones interpretativas —incluida la posible inversión de la carga de la prueba— y los retos que plantea su futura aplicación en España.
Greenwashing has become one of the most pressing regulatory challenges in environmental and consumer law, particularly due to its impact on public health, fair competition and human rights. Directive (EU) 2024/825 represents a paradigm shift in the regulation of environmental claims by introducing a reinforced system of verification, traceability and evidence that substantially modifies the traditional evidentiary framework applicable to ecological advertising. This article offers an in-depth analysis of the new legal regime established by the directive, its interpretative implications —including the potential reversal of the burden of proof— and the challenges expected in its implementation within Spain.
