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Diego Fierro Rodríguez
El Auto de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2025, que desestima los recursos contra las entradas y registros en los despachos del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la Fiscal Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, autorizados el 30 de octubre de 2024, constituye un hito en la práctica judicial española. Este análisis examina la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de tales medidas, adoptadas en el marco de una investigación por un presunto delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal) por el que se impuso condena en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 1000/2025, de 9 de octubre, atendiendo a su aplicabilidad para la idoneidad de la entrada y registro en el despacho de las altas instituciones.
