Acceso usuarios
Blanca Lozano Cutanda 
La reciente sentencia Remling del TJUE refuerza la doctrina KUBERA y, con ella, la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de valorar la procedencia de elevar cuestión prejudicial y motivar, en su caso, de manera específica y concreta la decisión de no hacerlo conforme a las excepciones CILFIT, incluso en resoluciones de inadmisión sucintamente motivadas. Se examina el impacto de esta doctrina en el modelo español de casación contencioso-administrativa —en particular, la providencia del artículo 90.3 LJCA— y se valora la conveniencia de una reforma normativa del sistema.
