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El artículo denuncia la persistente invisibilidad estadística de la victimización de las personas con discapacidad en España, así como la elevada infradenuncia que sufren, lo que dificulta el diseño de políticas públicas eficaces. Esta situación supone, además, el incumplimiento del artículo 31 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en una materia de enorme impacto humano, precisamente cuando se cumple su vigésimo aniversario. La autora defiende la necesidad de incorporar sistemas rigurosos de recogida y cruce de datos con indicadores homogéneos y propone algunos que podrían incluirse en futuras estadísticas. Asimismo, se refiere a experiencias internacionales que han logrado avances gracias a una mayor concienciación colectiva, como la impulsada por la Crime Victims With Disabilities Awareness Act. El artículo evidencia, asimismo, la insuficiencia de apoyos especializados necesarios para la recuperación de las víctimas, con referencia al modelo neerlandés Slachtofferhulp Nederland. El texto concluye insistiendo en que abordar la victimización y la infradenuncia es un deber ético que interpela al conjunto de la sociedad.
