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Azucena Serrano
El presente estudio analiza la reforma judicial mexicana de 2024 con el objetivo de evaluar si fortaleció la independencia y profesionalismo de los tribunales o si, por el contrario, configuró un proceso de subordinación política. Para ello, se emplea una metodología cualitativa de corte normativo-comparativo y contextual, examinando en qué medida las nuevas disposiciones se aproximan o se alejan de los estándares internacionales de gobernanza judicial. El argumento central sostiene que el nuevo diseño no debe interpretarse como un cambio meramente técnico, sino como una estrategia más amplia de reconfiguración institucional bajo un régimen populista. En este marco, se plantea que la reforma constituyó un proceso de captura a través de la intervención del oficialismo en cinco ámbitos clave del sistema de justicia: los procesos de nombramiento, el régimen disciplinario, la titularidad de los jueces, la autonomía financiera y la autoridad jurisdiccional. Este análisis permite comprender la nueva ley como un ejemplo más de cómo los gobiernos populistas pueden emplear cambios normativos para consolidar su influencia política sobre el aparato de justicia, planteando desafíos significativos para la consolidación de un Estado de derecho.
This study examines Mexico’s 2024 judicial reform with the aim of assessing whether it strengthened the independence and professionalism of the courts or, conversely, constituted a process of political subordination. To this end, it employs a qualitative normative-comparative and contextual methodology, analyzing the extent to which the new provisions align with or diverge from international standards of judicial governance. The central argument contends that the new institutional design should not be understood as a merely technical adjustment, but rather as part of a broader strategy of institutional reconfiguration under a populist regime. Within this framework, the reform is interpreted as a process of cooptation carried out through the ruling party’s intervention in five key dimensions of the justice system: appointment procedures, the disciplinary regime, judicial tenure, financial autonomy, and jurisdictional authority. This analysis allows the reform to be understood as a further example of how populist governments may use legal changes to consolidate political influence over the judiciary, posing significant challenges to the consolidation of the rule of law.
