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Amanda Cohen Benchetrit
La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, optó por incorporar la regla de prioridad absoluta como regla de distribución del excedente en los planes de reestructuración de las empresas medianas y grandes en el artículo 655.2.4.º TRLC, con alguna excepción -regla de prioridad relativa flexible- prevista en el artículo 655.3 TRLC.
La regla de la prioridad absoluta exige que los acreedores de rango superior perciban el importe íntegro de sus créditos para que los acreedores de rango inferior o los socios puedan recibir algún pago o conservar algún derecho en el plan de reestructuración.
Desde la entrada en vigor de la reforma, varias han sido las resoluciones que han tenido que abordar la aplicación e interpretación de la regla de la prioridad absoluta y sus posibles excepciones.
El objetivo del presente trabajo es analizar cómo los juzgados y tribunales mercantiles están interpretando la citada regla y las excepciones a la misma.
Law 16/2022, of 5 September, amending the recast text of Insolvency Law, which transposed Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, discharge of debts and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and debt discharge procedures, opted to incorporate the absolute priority rule as a rule for distributing surplus in the restructuring plans of medium-sized and large companies in Article 655.2.4. TRLC, with some exceptions - flexible relative priority rule - provided for in Article 655.3 TRLC.
The absolute priority rule requires that senior creditors receive the full amount of their claims for junior creditors or shareholders to receive any payment or retain any rights in the restructuring plan.
Since the reform came into force, there have been several rulings that have had to address the application and interpretation of the absolute priority rule and its possible exceptions.
The aim of this paper is to analyse how the commercial courts are interpreting this rule and its exceptions.
