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El régimen constitucional ambiental en Colombia ha definido un robusto plexo normativo destinado a salvaguardar el derecho colectivo a un ambiente sano. No obstante, la eficacia de este marco se ve interpelado por el incremento en los procesos sancionatorios ambientales documentados en contra de empresas constructoras en el municipio de Armenia, Quindío, durante el periodo 2015-2021. Esta realidad, motivó esta investigación de corte sociojurídico con enfoque mixto, que propuso caracterizar los comportamientos antijurídicos en la aplicación del procedimiento sancionatorio a proyectos urbanísticos en esta jurisdicción. Se identificaron las normas con mayor nivel de imputación y se categorizaron los escenarios jurídicos en los cuales se impulsaron los procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental. El análisis identificó 18 empresas constructoras vinculadas. El resultado clave fue la significativa brecha procesal: de los 25 autos de apertura de investigación, solo el 28 % culminó en imputación de cargos y únicamente el 4 % derivó en una sanción efectiva. Entre las principales conductas antijurídicas recurrentes se destaca la afectación en zona de protección (18 %) y la ocupación de cauces (14 %). Estos hallazgos revelaron una sistemática lesión al régimen jurídico ambiental. Se subrayó la urgencia de revisar la aplicabilidad del régimen sancionatorio por parte de la autoridad competente y la necesidad de desarrollar políticas de prevención del daño antijurídico que promuevan la responsabilidad ambiental empresarial.
Colombia’s constitutional environmental regime has established a robust regulatory framework designed to safeguard the collective right to a healthy environment. However, the effectiveness of this framework is being challenged by the increase in environmental sanctioning proceedings (PSA) documented against construction companies in the municipality of Armenia, Quindío, during the period 2015-2021. This reality motivated this socio-legal research with a mixed approach, which proposed to characterize unlawful behavior in the application of sanctioning procedures to urban development projects in this jurisdiction. The regulations with the highest level of prosecution were identified, and the legal scenarios in which the environmental authority initiated sanctioning proceedings were categorized. The analysis identified 18 construction companies involved. The key finding was the significant procedural gap: of the 25 orders to open investigations, only 28 % resulted in charges being brought, and only 4 % resulted in an effective sanction.Among the main recurring illegal behaviors, damage to protected areas (18 %) and occupation of riverbeds (14 %) stand out. These findings revealed systematic violations of the environmental legal regime. The urgency of reviewing the applicability of the penalty regime by the competent authority and the need to develop policies to prevent illegal damage that promote corporate environmental responsibility in this tiny territory were emphasized.
