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Este artículo evalúa el impacto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la participación laboral y en la formalidad del empleo en Chile. Implementada en 2022, la PGU busca mejorar la seguridad económica de los adultos mayores, pero también plantea interrogantes sobre su posible efecto en el mercado laboral. Utilizando un modelo de triples diferencias con datos de la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta Casen 2022, el análisis se centra en los efectos de la PGU durante los primeros seis meses de su implementación. Los resultados muestran que la PGU no afecta la participación laboral ni la formalidad entre los beneficiarios directos; sin embargo, en hogares donde al menos un miembro es elegible, se observa una reducción en la participación laboral, así como de la formalidad, especialmente entre los hombres. Estos hallazgos sugieren que la PGU, si bien aporta a la seguridad económica, podría incentivar la informalidad en el empleo, afectando la suficiencia de las pensiones futuras. Se recomienda explorar políticas complementarias que fomenten la formalidad laboral y evaluar los efectos de una PGU universal para reducir los incentivos hacia la informalidad. Estos hallazgos contribuyen al diseño de políticas que equilibren el bienestar en la vejez de los actuales y futuros pensionados
This article evaluates the impact of the Pensión Garantizada Universal (PGU) on labor force participation and employment formality in Chile. Implemented in 2022, the PGU aims to improve the economic security of older adults, but it also raises questions about its potential effects on the labor market. Using a triple-difference model with data from the National Employment Survey and the 2022 Casen Survey, the analysis focuses on the effects of the PGU during the first six months following its implementation. The results show that the PGU does not affect labor force participation or formality among direct beneficiaries. However, in households where at least one member is eligible, there is a reduction in both labor force participation and employment formality, especially among men. These findings suggest that while the PGU contributes to economic security, it may also incentivize informal employment, potentially undermining future pension adequacy. It is recommended to explore complementary policies that promote labor formality and to assess the potential impacts of a truly universal PGU to reduce incentives toward informality. These findings contribute to the design of policies that balance old-age welfare for both current and future retirees.
