Acceso usuarios
Javier Sempere Samaniego
Terminamos el año 2025 con, probablemente, una de las resoluciones que más nos han llamado la atención. Aunque se trata de un ejercicio del derecho de supresión, se plantea si resulta necesario el consentimiento previo para la publicación de los datos personales en una esquela. Probablemente se trata de una cuestión que, hasta la fecha, en el sector funerario, nunca se habría planteado.
Analizamos también tres resoluciones en las que la AEPD se manifiesta sobre los requisitos del consentimiento, a la vista de lo regulado en el artículo 7 del RGPD; sobre su criterio vigente en el posible (o no) tratamiento de datos biométricos, en este caso para el control de acceso en recintos de ocio; y una novedad, como es la primera resolución, desde la aplicación de la norma europea, en que se declara, al ser una Administración pública la denunciada, la infracción del artículo 26, que regula la corresponsabilidad.
We end the year 2025 with, probably, one of the resolutions that have caught our attention the most. Although it is an exercise of the right to erasure, the question arises as to whether prior consent is necessary for the publication of personal data in an obituary. This is probably a question that, to date, in the funeral sector, has never been raised.
We also analyze three resolutions in which the AEPD expresses itself on the requirements of consent in view of the regulations of Article 7 of the GDPR; on its current criteria regarding the possible (or not) processing of biometric data, in this case, for access control in leisure venues; and a novelty, as it is the first resolution since the application of the European standard in which the infringement of Article 26, which regulates joint responsibility, is declared, as it is a public administration that is denounced.
