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Silvia Guemureman
, Anahí Patricia González
Este artículo se propone abordar el tema de las políticas públicas nacionales dirigidas a las adolescencias y juventudes en Argentina y las violencias estatales derivadas de sus condicionalidades se traduzcan éstas como restricción o como incumplimiento. El análisis se centra en dos programas seleccionados de una cartografía más amplia de políticas públicas de alcance nacional (2017-2023), elaborada en el marco de un Proyecto de Investigación Plurianual. Por razones de extensión, se abordan específicamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE). El enfoque metodológico fue mixto, con la utilización de fuentes primarias y secundarias. Del análisis de las políticas hemos podido concluir que, si bien se evidencia aspectos de un lenguaje ligado al enfoque de derechos, también encontramos limitaciones en la implementación de las políticas, condicionalidades y exigencias a sus destinatarios que obturan un enfoque universal de acceso a derechos y colocan en muchos casos la responsabilidad en el adolescente y/o joven beneficiario/a del programa y que, en esta propuesta analítica, (sin soslayar los matices que pueden tener las acciones estatales) hemos identificado como formas en que el Estado, ya sea por acción como por omisión, expresa su violencia.
This article addresses the issue of national public policies aimed at adolescents and young people in Argentina and the state violence resulting from their conditions, whether these are interpreted as restrictions or as non-compliance.The analysis focuses on two programs selected from a broader mapping of national public policies (2017-2023), developed within the framework of a Multi-Year Research Project. For reasons of length, it specifically addresses the Universal Child Allowance (AUH) and the National Program for the Support of Young People Leaving Care (PAE). The methodological approach was mixed, using both primary and secondary sources. From the analysis of the policies, we have been able to conclude that, although there are aspects of language linked to the rights-based approach, we also find limitations in the implementation of the policies, conditionalities, and requirements for their recipients that obstruct a universal approach to access to rights and, in many cases, place the responsibility on the adolescent and/or young beneficiary of the program. In this analytical proposal, (without overlooking the nuances that state actions may have) we have identified as ways in which the state, either by action or omission, expresses its violence.
