Resumen de Un caso de reconocimiento inicial de pensión de jubilación activa a titular de notaría que continúa con su actividad y la reacción posterior de la entidad gestora, en sede judicial, para revisar su acto declarativo y exigir el reintegro de lo indebidamente percibido por incompatibilidad

Xosé Manuel Carril Vázquez

• español

  Se estudia aquí una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2024, sobre un caso de incompatibilidad del cobro de la pensión de jubilación activa con el ejercicio de la actividad notarial. Tras el reconocimiento inicial de la pensión de jubilación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ve obligado a revisar su acto declarativo de derecho después de comprobar que había una inexactitud en la declaración del beneficiario. A tales fines, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no ejercitó la potestad de autotutela administrativa, sino que formuló una demanda contra el beneficiario, que el Tribunal Supremo declara válida (porque entiende que la potestad de autotutela de las Administraciones no impide que las mismas puedan ejercitar demandas ante los tribunales contra las personas beneficiarias con el fin de dejar sin efecto el derecho a percibir prestaciones indebidamente reconocidas) y sin estar sujeta en su ejercicio a la regla general del plazo de cuatro años de prescripción (sin perjuicio de que los efectos económicos retroactivos sí que se limiten a cuatros años), porque se trata de un acto nulo de pleno derecho debido a la constatación de la inexactitud.

• English

  This document examines a Judgment from the Social Chamber of the Supreme Court dated December 11, 2024, regarding a case of incompatibility between receiving an active retirement pension and practicing as a notary. After the initial recognition of the retirement pension, the National Institute of Social Security (INSS) was compelled to review its declarative act of entitlement upon discovering an inaccuracy in the beneficiary’s declaration. For this purpose, the INSS did not exercise its administrative self-review power but instead filed a lawsuit against the beneficiary. The Supreme Court deemed this action valid (holding that the administrative self-review power does not preclude public administrations from filing lawsuits against beneficiaries to revoke benefits that were wrongly granted) and determined that this action is not subject to the general four-year statute of limitations (although retroactive financial effects are indeed limited to four years), as the act in question is deemed absolutely null due to the identified inaccuracy.