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Alicia Agüero Ortiz
En este artículo analizaremos propuesta de transposición de la Directiva 2023/2225 de crédito al consumo al ordenamiento jurídico español a través del Anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. En concreto, nos centraremos en la articulación de una reserva de actividad que pone fin a la desregulación de los prestamistas no bancarios, sometiéndolos a la autorización y supervisión del Banco de España. Se examina con especial detenimiento la nueva categoría de “prestamista de alto coste”, a la que el prelegislador impone rigurosas normas de conducta, tales como un periodo de reflexión obligatorio de 24 horas, límites a la publicidad relacionada con la inmediatez de la concesión e impone una duración contractual mínima de tres meses y máxima de doce. Asimismo, se aborda la inclusión en el ámbito de aplicación de los créditos de bajo importe y los sistemas Buy Now, Pay Later (BNPL). El trabajo concluye con una valoración crítica de estas medidas que, si bien son precisas para reforzar la protección de los consumidores, debe advertirse que un excesivo rigorismo y carácter paternalista de la norma podrían provocar distorsiones en la competencia y el desplazamiento de los consumidores más vulnerables hacia mercados de crédito informales o transfronterizos carentes de las debidas garantías tuitivas
