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La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Primera, de 18 de febrero de 2026, declara la nulidad de la prueba esencial de cargo en un procedimiento por delito contra la salud pública y acuerda la absolución del acusado al haberse obtenido dicha prueba mediante una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal. El caso permite reflexionar sobre una cuestión esencial del Derecho penal contemporáneo: hasta qué punto el Estado puede avanzar en la investigación de un delito cuando en el camino se comprometen los derechos fundamentales de la persona.
