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Francisco Almenar Pineda
El matrimonio forzado es una práctica que atenta contra el derecho a la libertad, la dignidad y la igualdad de las personas. En los países de la Unión Europea (UE), este vínculo ha recibido una atención creciente, dada su prevalencia en contextos de migración, tradiciones culturales restrictivas o como consecuencia del tráfico de personas.
Aunque los Estados miembros comparten el compromiso de erradicar esa alianza impuesta, la forma en que lo tipifican y abordan en sus códigos penales es diferente, pudiendo establecerse tres grupos: (i) países que lo incluyen como un delito con autonomía normativa propia; (ii) Estados que optan por su regulación en un precepto, dentro de una ubicación sistemática más genérica, como las coacciones o la trata de personas; y (iii) legislaciones nacionales que no tipifican específicamente ese delito.
Por ello, el matrimonio forzado sigue siendo un problema complejo de abordar. Mientras que muchas víctimas se enfrentan a numerosos obstáculos para denunciarlo, su naturaleza transnacional complica la persecución y requiere una mayor cooperación entre los Estados miembros, garantizar el apoyo integral a las víctimas y fomentar campañas de sensibilización que desafíen las normas culturales que perpetúan esta práctica.
Con este artículo se trata de realizar una aproximación al tratamiento que reciben este tipo de conductas en los países de nuestro entorno, los retos y desafíos que plantean, y algunas propuestas para avanzar hacia su erradicación.
Forced marriage is a practice that violates people's right to liberty, dignity, and equality. In European Union (EU) countries, this union has received increasing attention, given its prevalence in contexts of migration, restrictive cultural traditions, or as a result of human trafficking.
Although Member States share a commitment to eradicate this imposed alliance, the way they classify and address it in their criminal codes differs. Three groups can be identified: (i) countries that include it as a crime with its own regulatory autonomy; (ii) States that choose to regulate it in a provision with a generic systematic classification, such as coercion or human trafficking; and (iii) national legislation that does not specifically criminalize this crime.
Therefore, forced marriage remains a complex problem to address. While many victims face numerous obstacles in reporting it, its transnational nature complicates prosecution and requires greater cooperation among Member States, ensuring comprehensive support for victims, and promoting awareness-raising campaigns that challenge the cultural norms that perpetuate this practice.
This article attempts to provide an overview of how this type of behavior is handled in neighboring countries, the challenges it poses, and some proposals for moving toward its eradication.
