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Miguel Revenga Sánchez 
, Luis Manuel Miranda López
Tras una década de vigencia, la Ley española de transparencia no ha cumplido las expectativas de regeneración democrática ni ha reducido claramente la corrupción, en parte porque la ciudadanía no ha incrementado su demanda de información pública. Un problema central es la persistencia del secreto en la esfera pública, arraigado en tradiciones históricas del Estado que apenas han cambiado con el constitucionalismo. En España, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 sobrevivió casi intacta a la transición, creando una anomalía jurídica. La clasificación de información ha dependido de decisiones amplias del Consejo de Ministros y de leyes posteriores surgidas tras escándalos, que introdujeron controles parlamentarios y judiciales débiles. La Ley de Transparencia de 2013 tampoco corrigió esta situación, pues el régimen de secretos sigue prevaleciendo. Los repetidos intentos de reforma han fracasado. Pese a ello, desde agosto de 2025 se tramita un nuevo proyecto de ley que introduce definiciones amplias de información, criterios de proporcionalidad, límites por derechos humanos y plazos de desclasificación. Asimismo, el proyecto prevé mejoras en los controles judiciales y parlamentarios, aunque con importantes carencias, especialmente respecto al acceso real a las decisiones de clasificación y su supervisión.
After a decade in force, the Spanish Transparency Law has not met expectations for democratic renewal nor clearly reduced corruption, partly because citizens have not increased their demand for public information. A central problem is the persistence of secrecy in the public sphere, rooted in historical state traditions that have barely changed under constitutionalism. In Spain, the 1968 Official Secrets Law survived the democratic transition almost intact, creating a legal anomaly. The classification of information has depended on broad decisions by the Council of Ministers and on subsequent laws prompted by scandals, which introduced weak parliamentary and judicial oversight. The 2013 Transparency Law did not correct this situation either, as the secrecy regime continues to prevail. Repeated attempts at reform have failed. Even so, since August 2025 a new draft law has been under parliamentary review, introducing broad definitions of information, proportionality criteria, human rights limits, and declassification deadlines. It also provides for greater judicial and parliamentary oversight, although with significant shortcomings, especially regarding real access to classification decisions and their supervision.
