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Ricardo Luis Chueca Rodríguez 
La transparencia como exigencia de los procesos políticos y de gestión pública se considera en las últimas décadas como un instituto jurídico-político preciso para le mejora de los estándares de los estados democráticos. Se estudian las dificultades conceptuales del término y de otros indisolublemente asociados, como público, secreto o publicidad. Tal complejidad semántica nace cuando todos ellos entran en relación forzando una convivencia de acepciones de difícil manejo. Se analiza ese juego de relaciones que involucra derechos e instituciones, desembocando en lo que denominamos dispositivo de transparencia, que atendido lo anterior deviene en un recurso comunicacional necesariamente limitado al desempeñar funciones de mediación entre publicidad, público y secreto. Ello ha terminado por mutar en los estados democráticos hacia una suerte de comportamiento en modo cuántico, donde metáfora y retórica despliegan todas sus capacidades. No obstante todo ello, el que denominamos dispositivo de transparencia es imprescindible en los estados democráticos de derecho; al menos por ahora.
In recent decades, transparency has been considered a legal and political institution necessary for improving the standards of democratic states, and a requirement of political processes and public management. The conceptual difficulties of the term, as well as those associated with it — such as 'public', 'secret' and 'publicity' — are studied in detail, highlighting their semantic complexity and how this is exacerbated when they interact, creating a coexistence of meanings that is difficult to manage. The interplay between rights and institutions is analyzed, resulting in what is termed a 'transparency mechanism'. Given the above, this mechanism is necessarily limited in its role as a mediator between publicity, the public and secrecy. In democratic states, this ultimately manifests as quantum-like behavior, where metaphor and rhetoric display their full capabilities. Nevertheless, the transparency mechanism remains essential in democratic states governed by the rule of law; for now, at least.
