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El presente trabajo aborda la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas como un pilar esencial de la buena administración y del principio de confianza legítima que debe regir en el Estado de derecho. En primer lugar, se analizan las características y requisitos del sistema de responsabilidad patrimonial, destacando las peculiaridades de su carácter objetivo, la necesidad de un daño antijurídico y la relación de causalidad. A continuación, se estudian los principales supuestos específicos de responsabilidad: la concurrencia entre distintas Administraciones, la participación del contratista, la imputación de daños a autoridades y empleados públicos, y los retos derivados de la administración electrónica y el uso de la inteligencia artificial. Seguidamente, se examina la responsabilidad patrimonial de la Administración local en relación con los daños producidos en la vía pública, cuestión de especial incidencia práctica. Se destacan sus especificidades en tanto entes más próximos a la ciudadanía, y se analizan los elementos determinantes de la responsabilidad local: la antijuridicidad del daño, el origen del deterioro de las infraestructuras, las circunstancias que inciden en la imputación y el equilibrio entre el deber de mantenimiento y conservación de las vías y el deber de diligencia exigible a la ciudadanía. Finalmente, en las conclusiones se afirma que el régimen de responsabilidad patrimonial constituye una garantía fundamental frente a la actividad administrativa, pero enfrenta importantes retos derivados de la complejidad de la gestión pública, la descentralización competencial y la digitalización de la administración.
