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El objeto de este estudio es el de analizar las consecuencias jurídicas que han tenido las políticas de recorte del régimen de primas a las instalaciones de energías renovables que se pusieron en marcha en 2007 en España y que se tuvieron que adoptar para hacer frente a la grave situación de crisis económica y como solución extrema al elevado déficit del sector eléctrico, que en ese momento existía desde la perspectiva de la protección de la confianza legítima de quienes invirtieron en estas tecnologías. Dentro del ordenamiento jurídico español, se abordan los intentos infructuosos de anular estas medidas adoptadas por medio de normas tanto legales como reglamentarias para poder obtener una indemnización por la vía de la responsabilidad por ilícito legislativo, así como la escasa suerte que tuvieron las reclamaciones de responsabilidad por normas legales válidas. Se cierra el trabajo tratando la única forma de reclamación que ha sido exitosa, la de los arbitrajes internacionales planteados al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía que se han circunscrito a los inversores no españoles y nacionales de países firmantes de este instrumento internacional.
