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María Consuelo Alonso García 
En apenas cinco años, el Tribunal Supremo ha dictado una interesante jurisprudencia que interpreta, modulándola extraordinariamente, las rígidas reglas establecidas por las leyes de 2015 para regular la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por leyes inconstitucionales. La intención del Alto Tribunal es, según sus propias palabras, hacer esta institución «más amplia y menos rigorista», al entender que su diseño actual hace escaso o prácticamente nulo su reconocimiento.
Pero la trascendencia, y también la intensidad y celeridad, con las que se están produciendo estos cambios están planteando muchos interrogantes a los operadores jurídicos, colocándolos en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica.
En este trabajo analizamos críticamente estos giros o inflexiones, su impacto en la regulación actual de este instituto y su incardinación en el conjunto del sistema jurídico, y concluimos haciendo un llamamiento al legislador para que, a la luz y teniendo en cuenta estos nuevos pronunciamientos judiciales, y de acuerdo con los principios de equivalencia, efectividad y el derecho a la tutela judicial efectiva, afronte definitivamente la regulación de este instituto, dotándole de la estabilidad de la que hoy carece.
