Durante el 2024 las restricciones a los derechos civiles y políticos se agudizaron, en el marco de un proceso electoral de alta relevancia para el destino del país. La represión estatal, la persecución a personas opositoras, la censura y la falta de garantías judiciales se intensificaron, lo que incrementó el miedo y la desconfianza en la población.
En paralelo, las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja se mantienen y suman directamente al deterioro de la calidad de vida.