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Paz Menéndez Sebastián
En este estudio se analiza la contratación formativa en las Administraciones Públicas como mecanismo de fomento del empleo juvenil. En particular, los dos programas específicos destinados a la ocupación de personas jóvenes desempleadas formadas («Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas») y sin formación («Programa TándEM para jóvenes sin formación a desarrollar en entidades del sector público»). A tal efecto, se examina su régimen jurídico, combinando las exigencias concretas de las subvenciones públicas que cubren los costes salariales y de Seguridad Social de esa contratación formativa con las reglas laborales que ordenan el contrato para la obtención de la práctica profesional y el contrato de formación en alternancia. Tal evaluación evidencia los desajustes que se producen entre ambas regulaciones y saca a la luz las deficiencias, no solventadas por el Real Decreto 1065/2025, en la construcción de una arquitectura normativa acorde con los nuevos paradigmas laborales-formativos y educativos. Dificultades a las que se suma la extrema complejidad del ecosistema de subvenciones ligado a estos programas, que incluye ayudas estatales y autonómicas (regionales y locales), en régimen de concurrencia competitiva y en régimen de concurrencia no competitiva (o incluso mediante concesión directa), ligadas al Plan de Recuperación y a los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, etc.
This article analyzes apprenticeship contracts in the public sector as a mechanism for promoting youth employment. Specifically, it examines two programs aimed at employing unemployed young people with training («First Professional Experience Program in Public Sector») and without training («TándEM Program for young people without training to be carried out in public sector entities»). The study analyzes their legal framework, combining the specific requirements of the public subsidies that cover the salary and social security costs of these apprenticeship contracts with the labor regulations governing contracts for obtaining professional experience and work-study contracts. This highlights the discrepancies between the two sets of regulations and reveals the shortcomings, not addressed by Royal Decree 1065/2025, in establishing a regulatory framework aligned with new labor, training, and educational paradigms. These difficulties are compounded by the extreme complexity of the grant ecosystem associated with these programs, which includes state and regional (local) aid; both competitive and non-competitive (or even direct) funding; and is linked to the Recovery, Transformation and Resilience Plan and the National Employment System's joint activation programs for employment, among other factors.
