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Análisis crítico del RDL 8/2026, aprobado para responder a las tensiones del mercado del alquiler de vivienda tras la guerra de Irán, que introduce dos medidas clave: una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que vencen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, y un límite general del 2% a la actualización anual de la renta. El autor, tras explicar el encaje constitucional de la norma, se centra en un problema decisivo: qué ocurre si el Congreso no lo convalida. El trabajo concluye alertando sobre el riesgo de gobernar «a golpe de decreto-ley», debilitando el control de las Cortes, la función del Tribunal Constitucional y, en última instancia, los principios de seguridad jurídica, igualdad y equilibrio entre poderes.
